Cifras: investigando sobre mujer e igualdad

La investigación en general y la estadística de género en particular, son piezas fundamentales en la promoción de la igualdad, la eliminación de estereotipos y en el diseño de políticas públicas en pro de la igualdad entre mujeres y hombres.

En España son numerosos los estudios que han puesto, y siguen poniendo, el foco de atención en el papel de la mujer: perspectiva social de género, conciliación de la vida laboral, familiar y personal, situación en el ámbito empresarial o mujer y nuevas tecnologías, entre muchos otros, sin embargo, las transformaciones en cuestiones de género se producen de forma tan timorata que es necesario exponer cifras que muestren que queda mucho para lograr los avances que se pretenden.

A 1 de enero de 2018 el Instituto Nacional de Estadística -INE- cifraba la población española en 46.659.302 habitantes de los cuales más de la mitad, concretamente el 50,9% son mujeres, una superioridad numérica que se viene observando en España ya desde mediados del siglo XX en el que se inicia la actividad del Instituto y que, atendiendo al sexo de los nacimientos que se registraron en el último año y que muestra un número parejo entre niñas y niños, no parece que vaya a revertirse.

Las mujeres en España no solo son más de la mitad de la población, sino que además son la mitad que mayor esperanza de vida tiene, ya que según datos del INE las mujeres españolas viven hasta cinco años más que los hombres (80,39 años para ellos frente a los 85,74 años de ellas en el año 2017); a la mayor esperanza de vida hay que sumar que el porcentaje de mujeres con estudios superiores en España es ligeramente superior al de los hombres, por lo que con las cifras encima de la mesa cada vez resulta más complejo entender la existencia de brechas de género que afecten a los salarios, a la protección social o a la incorporación igualitaria en todos los ámbitos vitales.

La revisión estadística de la situación de la mujer sigue dando cuenta de la desigualdad que existe con respecto a los hombres: menor porcentaje de trabajadoras, mayor concentración en el sector servicios, existencia de brecha salarial y de brecha en la pensión de jubilación, menor presencia en puestos directivos, más renuncias para la conciliación, crianza y cuidado de los hijos/as y más responsabilidad antes las cargas familiares y las situaciones de dependencia.

A la vista de esos resultados resulta obvio que sigue siendo necesario invertir en políticas públicas y promover entornos educativos y laborales que aboguen por la igualdad de géneros como lo que es: un derecho fundamental con reconocimiento internacional.

Pero lejos de tratarse de una problemática solo en términos cuantitativos, que también, la solución parece requerir esfuerzos y colaboración desde una perspectiva cualitativa que asiente en el ámbito público y en el privado medidas educativas, de cambio de valores y de acciones concretas que ayuden a revertir la desigualdad que por cuestiones de género y que contribuya a la corresponsabilidad tanto del ámbito productivo como en el reproductivo.

El Informe de La vida de las mujeres y los hombres en Europa realizado por Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, pone de manifiesto que en España siguen siendo las mujeres quienes afrontan el cuidado de hijos/as y en quienes recae también en mayor medida su cuidado, tal y como se muestra en el Gráfico 1; se trata de un dato similar al de la media de la Unión Europea pero en el que el porcentaje de mujeres que se hacen cargo del cuidado y educación de los hijos/as es de los más altos de los países analizados.

Por su parte, los datos del Gráfico 2 muestran que los hombres españoles se implican más que la media europea en la cocina y tareas del hogar, aunque siguen siendo labores asumidas de manera desigual y en las que la participación y responsabilidad de las mujeres es muy superior.

Este escenario nos muestra que el hecho de que las mujeres estén igual o más formadas que los hombres para el desarrollo de sus carreras profesionales es algo que se ve limitado a la hora de afrontar la maternidad y la crianza, momentos vitales en los que las pretensiones vitales y familiares interfieren en detrimento de las aspiraciones profesionales.

Quizás por ello, cada vez son más los organismos internacionales que intenta poner el acento en los costes de oportunidad que supone para una sociedad avanzar con el lastre que representa la desigualdad y la existencia de brechas en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito económico como en el político, en el cultural o en el de consumo, entre otros.

Además, la existencia velada de un techo de cristal que impide que las mujeres ocupen cargos de poder o alcancen puestos de dirección en las mismas condiciones que los hombres, genera importantes desventajas y limitaciones que dificultan el crecimiento profesional de las mujeres y generan el desperdicio de talento y formación que acusa nuestra economía.

Conocidas las invisibilizadas pero existentes barreras, desde las instituciones públicas, en todos los ámbitos de división territorial, se viene haciendo una importante apuesta por promover políticas públicas de igualdad de género, aunque esa apuesta ha sufrido notablemente los reveses de la crisis económica en los últimos años y una cierta asimilación del discurso de superación de las desigualdades, tan perverso como alejado de la realidad.

La creación del propio Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, organismo autónomo y dependiente creado a principios de los años 80s y que ha dependido de diferentes Ministerios a lo largo de su historia, representa una apuesta por medir, analizar y conocer el contexto de un colectivo que ha estado, y sigue estando, en desigualdad de condiciones por cuestión de género.

A esto se añade la puesta en marcha de Secretarías generales en los gobiernos autonómicos, Observatorios de igualdad o el propio Ministerio de Igualdad existente en la IX legislatura española, pero el trabajo de estudio y reflexión que se realiza desde las instituciones públicas, así como los incentivos o ayudas que desde las administraciones públicas se aprueban para contribuir a la reducción de las desigualdades de género, requiere la concienciación, implicación y colaboración tanto del ámbito privado y empresarial como de la propia sociedad civil, mediante la educación y la corresponsabilidad en la eliminación de dichas desigualdades.

El año 2018 es considerado el año de la mujer por diversos hitos logrados o movimientos generados, en concreto en España es el año en el que la sociedad civil ha tomado la cabecera en las reivindicaciones de la necesidad de una perspectiva de género real y efectiva, por lo que desde el asociacionismo en diferentes sectores se percibe una mayor toma de conciencia así como una sintonía desde el ámbito empresarial y el político, siendo cada vez mayor la participación y empuje de muchos hombres en la lucha por la igualdad.

En el ámbito empresarial las herramientas para la consecución de entorno laborales igualitarios en cuestiones de género son múltiples: planes de igualdad, medidas adaptadas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, promoción profesional de las mujeres, análisis y eliminación de brechas salariales, manuales de buenas prácticas, distintivo “Igualdad en la empresa”, etc., lo cual muestra que la igualdad de género se ha convertido en una  política empresarial presente y necesaria no solo para la contratación con las administraciones públicas, sino también para la gestión de un día a día que requiere de medidas concretas y análisis específicos con perspectiva de género.

Para el desarrollo de cualquiera de las herramientas anteriores así como para la actividad de las organizaciones sectoriales de nuestro tejido empresarial, resulta fundamental conocer los datos en cuestiones de género, tomar conciencia de la realidad que siguen dibujando las cifras y adoptar medidas o decisiones que se basen en la revisión de las estadísticas, de modo que la objetividad y el conocimiento sean los mejores orientadores en cuanto a la competitividad y mejora continua que representa incorporar, promocionar y crecer contando con la mitad de la población femenina.

Bajo el marco normativo de la Ley de Igualdad, vigente en España desde el año 2007, las empresas deben incorporar a sus modelos de negocio perspectivas de género al mismo tiempo que asimilar que las estrategias de comercialización, ventas y consumo, así como la misión y visión que transmiten debe recoger el conocimiento de la situación de las mujeres como un colectivo cada vez más comprometido con su existencia y las ventajas que acarrea avanzar desde estrategias comunes y específicas.

Si bien la estadística, como ciencia transversal, siempre ha estado al servicio de las transformaciones sociales y de la evaluación del desarrollo, cada vez resulta más relevante apostar por la medición, el conocimiento y el diseño de acciones y planes que cuenten con la participación de la opinión pública, que den cabida las necesidades y aspiraciones, tanto en el ámbito social como empresarial, y que se ajusten a la revisión de la información existente previamente a la adopción o implantación de medidas.

Por ello, debe producirse una verdadera toma de conciencia de la importancia de invertir en investigación y afrontar la toma de decisiones desde un plano informado, conociendo y aprovechando los datos que se conocen de nuestro entorno, y afrontando las dificultades y retos que hemos de superar, desde una perspectiva tan colectiva como femenina.